Proponen “Ley Yulixa” para regular cirugías estéticas en Colombia El caso de Yulixa Toloza convirtió el quirófano clandestino en símbolo de un vacío legal que Colombia arrastra desde hace años. Ahora, el gobierno de Gustavo Petro responde con la llamada “Ley Yulixa”, prometiendo que nunca más una cirugía estética sea un salto al vacío.

El gobierno: regulación fuerte y rápida

Desde la Casa de Nariño, el discurso es claro: blindar al paciente y sacar del negocio a los improvisados. El Ejecutivo anunció que solo podrán operar quienes tengan “título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”. La narrativa oficial es de control y profesionalización: el proyecto busca que “únicamente médicos cirujanos especializados y formados en universidades acreditadas puedan realizar procedimientos de cirugía estética”.

El gobierno enmarca la iniciativa como respuesta directa a la muerte de Yulixa, ocurrida tras un procedimiento en un establecimiento ilegal y seguida de un presunto encubrimiento del cadáver en una carretera de Cundinamarca.

Activistas y expertos: aplauden… pero no se ilusionan

En paralelo, quienes llevan años denunciando el negocio de las “clínicas de garaje” reciben la propuesta con una mezcla de respaldo y escepticismo. Recuerdan que Colombia está en el top 10 mundial de países con más cirugías estéticas, mientras la regulación sigue rezagada.

La promotora de #CirugíaSeguraYa, Lorena Beltrán, pone el dedo en la llaga: cinco proyectos para reglamentar la cirugía estética ya se han hundido en el Congreso. Denuncia que, tras cada caso “dramático y escabroso” como el de Yulixa, los congresistas “firman el proyecto, se toman la foto, se rasgan las vestiduras… pero a la hora de debatir (…) no llegan a las sesiones”.

Coincidencias y grieta

Gobierno y activistas coinciden en el diagnóstico: un mercado desbocado, cifras opacas de muertes y clínicas ilegales que operan a la vista de todos. La grieta está en la confianza: mientras el Ejecutivo presenta la “Ley Yulixa” como punto de inflexión, las víctimas temen que sea otro proyecto que nace con nombre propio y termina en el cementerio legislativo.

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