Movistar multada por fallas de seguridad en reposición de tarjetas SIM La pelea por la seguridad digital en Colombia tiene nuevo protagonista: una multa millonaria contra Movistar que el Gobierno presenta como defensa del usuario, mientras el operador se reserva el derecho a apelar y el consumidor sigue siendo el eslabón más débil.

La versión de la SIC: ejemplarizante y didáctica

Desde la orilla institucional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se vende como guardián de los datos y del bolsillo. La sanción de $1.358 millones contra Movistar se justifica por “vulnerar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones” al evidenciar “fallas en los mecanismos de seguridad para prevenir fraudes asociados a la reposición de tarjetas SIM”.

El relato oficial es claro: usuarios denunciaron que perdían señal, llamaban a su operador y descubrían que alguien había hecho una reposición de SIM a sus espaldas; luego venían las transacciones bancarias y accesos no autorizados a plataformas digitales. Es el clásico SIM Swapping: apropiación indebida de una línea mediante el reemplazo fraudulento de la SIM.

La SIC insiste en que, aunque el delito lo ejecutan terceros, los operadores están obligados a aplicar “mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas” para verificar la identidad en cada reposición.

Movistar: silencio táctico y margen de maniobra

Del lado de Movistar, la estrategia es más defensiva que pública: la decisión admite recursos de reposición y apelación ante la propia SIC, lo que abre una ventana para cuestionar el alcance de la responsabilidad del operador frente a delitos cometidos por bandas externas.

Mientras la autoridad critica que la empresa omitió “herramientas tecnológicas idóneas” y no explicó de forma suficiente por qué negaba las quejas de los afectados, Movistar puede argumentar que ninguna red es infalible ante criminales que combinan filtraciones de datos, ingeniería social y brechas en otros eslabones del sistema financiero.

Consumidores en el medio del fuego cruzado

En el papel, la orden administrativa obliga a Movistar a “fortalecer los mecanismos de verificación de identidad” en reposiciones de SIM. En la práctica, el usuario seguirá juzgando por un solo indicador: que no le apaguen el teléfono… y le vacíen la cuenta.

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