Bogotá adelanta ley seca por elecciones generando protestas del sector de bares

La Alcaldía de Bogotá extendió la ley seca por las elecciones presidenciales, adelantando su inicio al viernes 29 de mayo, a diferencia de la medida nacional que comenzaba el sábado. La decisión, justificada por razones de seguridad, provocó el rechazo de gremios como Asobares, quienes alertaron sobre pérdidas económicas y convocaron a protestas.
Bogotá adelanta ley seca por elecciones generando protestas del sector de bares

Bogotá adelanta ley seca por elecciones generando protestas del sector de bares Bogotá volvió a sacrificar la rumba en nombre de la democracia: la ley seca arrancó 24 horas antes que en el resto del país y convirtió el fin de semana electoral en un pulso frontal entre el Distrito y los dueños de la noche.

Seguridad vs. economía nocturna

La Alcaldía expidió el Decreto 191 y adelantó la restricción: en Bogotá va de las 6:00 p.m. del viernes 29 de mayo al mediodía del lunes 1 de junio, más larga que la franja nacional que empezaba el sábado a las 6:00 p.m. El mensaje oficial es claro: primero el orden público, luego el negocio. El Distrito argumenta que necesitaba “controles con mayor anticipación para evitar alteraciones al orden público y facilitar las labores de vigilancia y acompañamiento institucional” durante el fin de semana electoral.

Desde la Secretaría de Seguridad se subraya la logística: las elecciones “no son solo abrir y cerrar las mesas de votación”, sino un proceso que arrancó días antes y que exige liberar a la Policía de los habituales 22.000 incidentes de un fin de semana bogotano.

Los bares: “es innecesario y nos revienta”

En la otra orilla, el gremio nocturno habla de golpe directo a su supervivencia. Bares Unidos de Colombia y Asobares denuncian un “impacto significativo” para miles de negocios, trabajadores y proveedores que dependen del fin de semana. Su presidente, Fernando Bastidas, sostiene que la ley seca “debería iniciar el sábado, día de las elecciones, y no desde el viernes. Es demasiado tiempo, es innecesario y afecta gravemente a toda la cadena productiva”.

Mientras el Gobierno Nacional fijó una ventana estándar para todo el país, Bogotá decidió endurecerla y pagar el costo político. El Distrito vende la medida como seguro democrático; los bares la leen como castigo económico. Entre ambos, seis millones de votantes y una ciudad que, una vez más, tiene que escoger entre fiesta y urna.

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