Mueren cuatro médicos tras muerte de paciente en cirugía estética en Nicaragua La muerte de Jennypher Reyes Castro, una joven madre de 24 años tras una cirugía estética, se ha convertido en un juicio cruzado: ¿castigo ejemplar a la mala praxis o escarmiento político al gremio médico?

Versión oficial: mala praxis y mano dura

Para las instituciones alineadas con el Gobierno, el caso es claro: se trata de un médico reincidente, sin acreditación, operando en una clínica fuera de norma. Se destaca que Livang (o Liviang) Clifford Argüello “nunca fue cirujano plástico” y que el centro donde se operó a Jennypher “no tenía permisos” sanitarios, por lo que fue sancionado. La propia detención del doctor es presentada como consecuencia lógica de una cadena de negligencias, que incluye una causa previa por lesiones imprudentes graves tras una lipopapada mal practicada.

El comunicado conjunto del MINSA, Policía, Fiscalía y Procuraduría subraya que cuatro profesionales —cirujana plástica, cirujano general, anestesióloga y Argüello como “asistente”— están bajo investigación por la muerte de la joven. Y cuando un médico en el exilio, José Antonio Delgado, cuestiona el proceso, la respuesta oficial es feroz: lo tilda de “falso, vicioso y adulterado, nada profesional de la Medicina” y lo acusa de defender a “cómplices de malas prácticas médicas y de asesinato”.

La contraparte: chivo expiatorio y uso político

Desde medios y voces opositoras, el relato se invierte. Se confirma que el MINSA reveló que Argüello no estaba acreditado como cirujano plástico pese a realizar esos procedimientos, e incluso que ya fue condenado a dos años de cárcel por lesiones imprudentes graves en otro caso estético. Pero el foco no es solo la responsabilidad individual, sino el sistema que lo dejó seguir operando y ahora busca lavarse las manos.

Despacho 505 resalta que el propio MINSA admite que Argüello acumulaba sanciones administrativas, mientras intenta rebajar su papel a simple “asistente” en el quirófano. Y 100% Noticias subraya la conmoción en Matagalpa, que despide a Jennypher entre reclamos de justicia y denuncia de que una cirugía para “mejorar su apariencia” terminó en tragedia y dejó a un niño huérfano.

El ginecólogo exiliado José Antonio Delgado va más allá: cuestiona la legalidad de la comisión mixta MINSA–Policía–Fiscalía–Procuraduría y sostiene que Argüello está siendo usado como “chivo expiatorio” para enviar un mensaje de miedo al gremio médico. Tras sus críticas, denuncia que el régimen no pudo refutar sus “argumentos técnicos” y recurrió a ataques personales, algo que medios opositores amplifican al recoger su respuesta: “No pudieron refutar mis argumentos técnicos”.

Coincidencias incómodas y un vacío regulatorio

Ambos bandos coinciden en algo: Argüello no era cirujano plástico acreditado y la clínica operaba con graves irregularidades. También en que ya cargaba con antecedentes por mala praxis que dejaron a otra paciente con severas lesiones. La diferencia está en cómo se reparte la culpa.

La narrativa oficial concentra la responsabilidad en los médicos y en un puñado de “malandrines”. La oposición insiste en que el propio Estado permitió que un médico ya sancionado siguiera operando, mientras clínicas privadas se movían casi sin control. El caso de Jennypher, despedida por las calles de Matagalpa entre lágrimas y exigencias de justicia, expone algo más profundo que un solo quirófano: un mercado estético desregulado y un sistema de salud que solo parece reaccionar cuando la tragedia ya es portada.

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