Detienen a policías en Venezuela por allanamiento y extorsión en local LGTBI+ Cinco policías detenidos, 33 hombres humillados y una comunidad que habla de “incidentes de odio”: en Barquisimeto, el operativo en un local LGBTI+ expone dos relatos en choque frontal sobre lo que ocurrió y lo que significa.

Por un lado, el Estado intenta mostrar reflejos rápidos. La Fiscalía anunció la detención de cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras las denuncias de allanamiento ilegal, extorsión y la aprehensión de al menos 33 hombres en un local LGTBI+, subrayando que la PNB “activó oportunamente sus mecanismos de control interno” y puso a los agentes a la orden de un tribunal de control. Además, se designaron la Fiscalía 21 de Lara y la 98 nacional, especializada en derechos humanos y diversidad de género, para investigar “actos contrarios a la ética pública”.

Del otro lado, las ONG pintan un cuadro mucho menos institucional y mucho más brutal. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denuncian que los funcionarios, vestidos de civil, acusaron a los presentes de “ejercer el delito de la homosexualidad”, figura que no existe en la ley venezolana. Para ellas, el procedimiento tiene “absoluta nulidad”, es un allanamiento ilegal sin orden judicial y una flagrante violación del debido proceso y de la inviolabilidad del domicilio.

Coinciden en algo: hubo abuso. Divergen en la profundidad del diagnóstico. Mientras el Ministerio Público habla de investigación penal contra funcionarios concretos, las organizaciones sostienen que no es un hecho aislado, sino la continuidad de una “política de criminalización” de la diversidad, con actos que constituyen “graves abusos de poder” y delitos de extorsión y privación ilegítima de libertad por motivos discriminatorios.

En síntesis: el gobierno intenta contener el escándalo castigando a unos policías; la sociedad civil lo lee como síntoma de algo más profundo. El caso Lara se vuelve así termómetro de hasta dónde el Estado está dispuesto a ir: ¿ruptura real con la homofobia institucional o simple control de daños?

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