Procuraduría suspende a los funcionarios Carlos Carrillo y Alfredo Saade por presunta participación en política La Procuraduría volvió a mover las fichas en pleno ajedrez electoral: suspende al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y al embajador en Brasil, Alfredo Saade, justo cuando el país entra en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial. Las sanciones no solo frenan a dos alfiles del petrismo: reabren el viejo pleito sobre quién hace política y quién la vigila.

Por un lado, el Ministerio Público se blinda detrás del libreto institucional: en el caso de Saade, la medida busca “evitar que se siga generando una posible indebida participación en política” hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta, por el uso de su investidura y canales oficiales para intervenir en el debate electoral, incluso identificándose en X con su cargo de embajador ante Brasil. Con Carrillo, la Procuraduría alega que, por su “jerarquía y mando” y la “trascendencia de la presunta falta”, habría desconocido la neutralidad que se exige a los servidores a pocos días de la elección, al referirse abiertamente a la campaña de Iván Cepeda.

Del otro lado, los sancionados contraatacan. Carrillo insiste en que “en ningún momento hice proselitismo, no solicité apoyo electoral para ninguna campaña” y cuestiona la “velocidad” de la decisión, basada —dice— en una respuesta a una pregunta periodística, no en un acto de campaña. Ya antes había tildado de “muy hipócrita” la norma que restringe la participación política de los funcionarios, recordando que lo realmente indebido sería “destinar recursos públicos a favorecer o a perjudicar a un candidato”.

Coincidencia o patrón, las suspensiones a Saade y Carrillo se suman a investigaciones contra otros altos funcionarios del gobierno Petro en favor del mismo candidato, Iván Cepeda, en un contexto de “alta sensibilidad institucional” y de múltiples quejas aún dormidas contra el propio presidente. Para la Procuraduría, es defensa de la neutralidad; para el petrismo, un cerco disciplinario que pesa más sobre el gobierno que sobre sus adversarios.

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