Ministerio Público venezolano revela causa de muerte del preso político Víctor Quero El caso de Víctor Hugo Quero Navas se ha cerrado en los papeles, pero en la opinión pública sigue más abierto que nunca. Mientras el Ministerio Público se aferra a una versión médico‑forense, la oposición insiste en que la verdadera causa de muerte es la opacidad del propio Estado.

La versión oficial: muerte natural, expediente cerrado

El Ministerio Público presentó un relato prolijo en tecnicismos. Exhumación el 8 de mayo de 2026, autopsia con SENAMECF, Defensoría del Pueblo y familiares presentes; estudios histológicos y toxicológicos que concluyen que Quero murió por “tromboembolismo pulmonar” y sin “lesiones traumáticas”. La identidad del cuerpo fue confirmada por el IVIC con una probabilidad de filiación del 99,496 % respecto a su madre.

Con eso, el mensaje del MP es claro: causa de muerte establecida, protocolo cumplido, caso cerrado. De hecho, medios reseñan que el ente acusador dio por concluida la investigación penal.

La réplica opositora: más sombras que certezas

Para la dirigente opositora Delsa Solórzano, ese cierre es inaceptable. Califica el comunicado del MP como un texto que “deja más preguntas que respuestas”. Señala que el informe “sigue sin explicar lo fundamental: ¿por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿qué ocurrió durante los meses en que Víctor Hugo Quero Navas permaneció desaparecido?”.

Tampoco hay claridad sobre “quiénes son los funcionarios responsables de ocultar” información a la familia, la defensa y al país, ni si esos funcionarios fueron “investigados, entrevistados o sometidos a algún procedimiento”. Solórzano cuestiona además la ausencia de expertos internacionales bajo estándares del Protocolo de Minnesota y remata: “la verdad no puede ser parcial”.

El punto de choque: causa médica vs. responsabilidad política

En resumen, el MP ofrece una explicación clínica sin culpables; la oposición exige una explicación política con responsables. Mientras el expediente oficial se archiva, titulares advierten que “persisten las dudas sobre su desaparición y custodia”. En Venezuela, la autopsia cerró el caso; la desconfianza pública, no.

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