La ONG JEP denuncia que la cárcel El Helicoide sigue operativa La pugna por el futuro de El Helicoide revela una brecha incómoda entre el discurso oficial de “cierre y cambio” y las denuncias de que nada esencial ha cambiado tras los muros de la temida prisión caraqueña.

Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), El Helicoide “continúa funcionando pese a orden de cierre” y al menos 25 presos políticos seguirían recluidos allí, pese al anuncio de enero de 2026 de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La organización recuerda que no se puede hablar de clausura mientras haya personas privadas de libertad dentro, y exige transparencia sobre el estatus real del penal y la situación jurídica de los detenidos.

Desde la narrativa alineada con el gobierno, el énfasis está en el anuncio político y el proyecto de reconversión: en febrero se informó del inicio de trabajos de remodelación para convertir El Helicoide en un “centro social y deportivo”, como parte de una agenda que incluye una ley de amnistía para presos políticos aprobada por una Asamblea dominada por el chavismo. En este relato, el cierre ya es un hecho político; lo que falta es culminar la obra material.

JEP, en cambio, pone el foco en el presente y no en la promesa: sostiene que el recinto, señalado por años como “centro de torturas” por opositores y activistas de derechos humanos, sigue operando como cárcel y no como espacio social. Para la ONG, el gobierno vende una transformación que todavía no existe; para el oficialismo, las denuncias minimizan un giro simbólico —y de cara al exterior— que ya estaría en curso.

En el punto medio queda una pregunta incómoda: ¿manda más el boletín oficial o el candado que sigue cerrando las celdas?

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