Comisión de Acusación dividida sobre investigación a campaña de Petro La Comisión de Acusación quedó partida en dos sobre el futuro judicial de la campaña Petro Presidente 2022: para un sector no hay caso contra el mandatario; para otro, lo mínimo es escucharlo en indagatoria y abrir la puerta a una investigación penal.

Un investigador quiere cerrar el capítulo

Desde el ala más cercana al Gobierno, el relato es claro: no hay mérito para sentar a Gustavo Petro en el banquillo de los indagados. El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, radicó una ponencia en la que pide inhibirse únicamente frente al presidente, es decir, no vincularlo formalmente al expediente sobre la financiación de su campaña. Uribe alega que persistir en la investigación contra Petro “carecería de elementos suficientes de conexión con los hechos objeto del proceso” y que hacerlo vulneraría sus garantías procesales y el principio de congruencia de la investigación.

En esa orilla, el mensaje político es que sí hubo irregularidades que deben seguirse investigando, pero que la responsabilidad no escala, al menos por ahora, hasta el despacho presidencial.

Dos votos piden abrirle la puerta a la indagatoria

En el lado opuesto, la mayoría del triunvirato investigador –Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo– no compra la tesis del “caso cerrado”. Su ponencia reclama la vinculación formal de Petro, que rinda indagatoria y que se ordene una “amplia práctica de pruebas” para esclarecer presunta violación de topes electorales, financiación prohibida y una “evasión sistemática de los controles estatales”.

Estos dos representantes se apoyan, además, en los hallazgos del Consejo Nacional Electoral, que ya sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por superar significativamente los topes de financiación en ambas vueltas, recibir aportes prohibidos y manipular la contabilidad.

El verdadero pulso: garantías o blindaje

Así, mientras el oficialismo presenta su postura como defensa de garantías y rigor jurídico, la oposición la lee como un intento de blindaje político. La última palabra la tendrá la sala plena de la Comisión, que deberá escoger entre archivar al presidente o ponerlo a explicar, bajo juramento, cómo se financió su camino a la Casa de Nariño.

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