Familia de Víctor Quero Navas rechaza informe oficial sobre su muerte La muerte de Víctor Hugo Quero Navas ha abierto un pulso directo entre el relato oficial y la exigencia de verdad de su familia y defensores. Mientras el Ministerio Público se da por satisfecho con un certificado de tromboembolismo pulmonar, del otro lado preguntan quién responde por lo que ocurrió bajo custodia del Estado.

Ministerio Público: causa cerrada, pero sin voz propia

Aunque en los textos analizados el Ministerio Público aparece solo a través de sus comunicados, la línea es clara: se divulgó que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar y se dieron por establecidas la identidad de los restos y la presunta explicación médica. Para la Fiscalía, el énfasis está en el resultado forense, no en la ruta que llevó a Víctor Quero a morir detenido.

La familia: no a un informe “a medias”

Desde el lado familiar, el rechazo es frontal. Un pronunciamiento suscrito por Gabriel José Quero sostiene que el comunicado del MP “se descontextualiza de un expediente dirigido por la Fiscalía asignada” y no aborda hechos, circunstancias ni responsabilidades “por acción u omisión”.

Su hermano, Gabriel Quero Navas, cuestiona que se difunda una versión oficial mientras “se está presentando actualmente un proceso de investigación” y aún revisan la autopsia, advirtiendo que adelantar conclusiones “podría afectar la objetividad del proceso”. Pide “prudencia” y “un sigilo respetuoso” en el manejo del expediente: “No soy de hierro, soy un ser humano y soy hermano”.

Oposición y ONG: las preguntas que el MP esquiva

Delsa Solórzano dispara al corazón del relato oficial: el comunicado del MP “deja más preguntas que respuestas” y “sigue sin explicar lo fundamental: ¿por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿qué ocurrió durante los meses en que Víctor Hugo Quero Navas permaneció desaparecido?”. También reclama que no se sepa “quiénes son los funcionarios responsables” ni si fueron siquiera investigados, y que no se permitiera la participación de expertos independientes conforme al Protocolo de Minnesota.

En la práctica, todos —familia, oposición y organizaciones— coinciden en algo: el comunicado del Ministerio Público no cierra el caso, lo abre. La diferencia es que solo una de las partes tiene el poder de archivar el expediente.

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