Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma para permitir inversión privada en sector eléctrico La revolución que prometía “soberanía eléctrica” ahora abre la puerta a los privados: el chavismo admite que, 15 años después de estatizar el sector, necesita capital externo para que las luces vuelvan a encenderse.

El relato oficial: reforma táctica, Estado al mando

Para el bloque gobernante, la reforma es una corrección estratégica, no una renuncia ideológica. La propia Asamblea Nacional destaca que “aprobó proyecto de reforma de la ley para abrir inversiones privadas en el sector eléctrico” bajo un esquema de capital mixto y privado, pero con supervisión estatal y concesiones controladas. Otra crónica lo resume sin rodeos: “ahora sí, la empresa privada es bienvenida” en el sistema eléctrico que durante dos décadas fue emblema del control estatal.

En esta versión, el Estado sigue siendo el “eje central”, conservando más del 50 % del capital social en las empresas mixtas y fijando un nuevo pliego tarifario basado en “costos reales” y “rentabilidad razonable” para atraer inversionistas. Además, se promete algo casi inédito: obligación legal de compensar económicamente a los usuarios por daños ocasionados por apagones y mala calidad del servicio.

La oposición y los técnicos: sin transparencia, no hay luz

Diputados opositores y especialistas aceptan que la apertura es inevitable, pero advierten que la crisis no se resuelve solo con capital. Medios reseñan que críticos exigen descentralización, auditorías y abordar la corrupción como causas de fondo de los apagones y del deterioro del sistema.

Los números técnicos son demoledores: Venezuela produce entre 12.000 y 12.500 MW frente a una demanda de 15.700 MW, con apenas 36 % de la capacidad instalada en uso por el colapso termoeléctrico, según un ingeniero consultado. Ese déficit, señalan, ya está siendo canjeado por petróleo: parte de la poca energía disponible se desvía a campos petroleros, restándole electricidad a hogares y comercios.

En resumen: el Gobierno vende la reforma como modernización controlada; la oposición la ve como una admisión tardía del fracaso estatista; y los expertos advierten que, sin transparencia y mantenimiento real, ni el mejor inversor podrá iluminar un sistema que opera en penumbras.

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