Declaran emergencia humanitaria en el Valle del Cauca por crisis en el sistema de salud La salud en el Valle del Cauca no está en cuidados intensivos: ya reventó. La emergencia humanitaria declarada en 40 municipios revela un sistema que opera por encima del doble de su capacidad y con la chequera vacía.

El relato oficial: apagar el incendio y culpar a las EPS

Desde la Gobernación, la prioridad es mostrar control en medio del caos. La circular del 3 de junio subraya que la Secretaría de Salud “debe garantizar la prestación del servicio de salud de mediana y alta complejidad… conservando los principios de accesibilidad, oportunidad y calidad”. En la práctica, las urgencias llegaron a una ocupación del 220,7 % en la última semana de mayo, tras varios meses por encima del 140 %.

El gobierno departamental pone el dedo en la llaga financiera: un problema de flujo de recursos entre EPS e IPS que ha generado un déficit histórico, cierre de cerca de 2.000 servicios de salud y una cartera pública y privada que ronda los 7 billones de pesos. La emergencia, admite la propia Gobernación, busca también presionar “acciones inmediatas” ante un sistema al borde del colapso.

La fotografía cruda: camas llenas, medicamentos vacíos

Mientras el discurso oficial habla de “medidas de respuesta” y “alerta amarilla”, los hospitales describen un escenario mucho menos técnico: suspensión de servicios esenciales, desabastecimiento de medicamentos y sobreocupación hospitalaria del 220 %, más del doble de la capacidad instalada.

La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, admite que “seguimos sin la entrega de medicamentos, tenemos una oferta de servicios disminuida… y un incremento de la mortalidad esperada”. La gobernadora Dilian Francisca Toro va más allá: “Va a haber un momento en que ya no vamos a poder atender más pacientes… ya ni siquiera en urgencias los quieren atender”.

Coincidencia incómoda

Gobernación y red hospitalaria coinciden en el diagnóstico: la combinación de deudas de EPS, cierre masivo de servicios y sobrecupo ha puesto al sistema contra la pared. La diferencia está en el énfasis: mientras el discurso institucional insiste en decretos y acciones populares ante el Gobierno Nacional, en las salas de urgencias la cuenta se paga en horas de espera… y en vidas.

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