ONG denuncia falta de información sobre presos trasladados de El Helicoide La disputa por El Helicoide se libra menos en los pasillos de tribunales que en el terreno de la narrativa: ¿gesto humanitario o nuevo capítulo de opacidad represiva?

Mientras el Gobierno vende el vaciamiento de celdas como avance y “normalización”, las ONG insisten en que sin información oficial, el traslado de presos políticos es otra vuelta de tuerca al abuso.

ONG vs. relato oficial

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denuncia que, a cuatro días de los movimientos en El Helicoide, no hay lista oficial, ni pronunciamiento público, ni datos verificables sobre quiénes fueron trasladados ni a dónde. La organización remarca que “vaciar celdas no es cerrar un centro de tortura” ni desmontar una política de represión.

La idea se repite en distintos comunicados y coberturas: “Vaciar celdas no es cerrar El Helicoide”, reclaman familiares de presos políticos al denunciar la narrativa triunfalista que intenta presentar la medida como un cierre limpio de un recinto marcado por torturas y tratos crueles. El Helicoide, sede del Sebin, es descrito como parte de un escándalo de “crueldad estatal” documentado por víctimas, ONG y mecanismos de la ONU.

Legalidad vs. opacidad

Desde Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob recuerda que los funcionarios tienen obligación legal de informar claramente el destino y paradero de toda persona privada de libertad. No hacerlo, advierte, puede configurar desaparición forzada según el Código Penal venezolano.

Aquí chocan dos relatos: el gubernamental, que intenta mostrar los traslados como gesto de orden y reforma carcelaria, y el de las ONG, que ven en la falta de notificación una vulneración frontal de derechos. Para Clippve, la reconciliación “no se construye negando el dolor de las víctimas”, sino con verdad, justicia y responsabilidad estatal, no con un “relato de normalización” mientras las familias siguen sin saber dónde están sus presos.

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