Familiares de presos políticos mantienen vigilia frente a la Embajada de EE. UU. en Caracas Familiares de presos políticos con colchonetas en la acera, una embajada extranjera al fondo y dos poderes –el venezolano y el estadounidense– mirándose de reojo: la vigilia frente a la Embajada de EE. UU. en Caracas condensa la fractura de la justicia venezolana y la apuesta desesperada por la presión internacional.

Víctimas entre dos fuegos

Para los familiares, el enemigo inmediato es claro: un sistema judicial que sienten cerrado y manipulable. Denuncian que “el gobierno nos ha estado burlando” y que han agotado todas las instancias sin conseguir respuestas. En los tribunales, dicen, solo reciben evasivas y promesas rotas, pese a que muchos procesos acumulan diferimientos y años sin juicio efectivo.

La vigilia, que ya supera las 40 horas, es una mezcla de campamento y acto de resistencia. “No nos vamos a mover hasta que seamos atendidos”, advierten, decididos a que el reclamo no se diluya en otra estadística de violaciones de derechos humanos.

Washington como árbitro incómodo

En paralelo, los manifestantes colocan a Washington en el rol de mediador de última instancia. Exigen que EE. UU. interceda para lograr excarcelaciones y que mantenga la presión internacional sobre Caracas. La escena es elocuente: ciudadanos que ya no apelan a su propio Estado, sino a una potencia extranjera.

Del lado estadounidense, la respuesta es calculadamente lenta. Funcionarios de la embajada se han comprometido a recibir a los familiares “eventualmente” y de forma gradual. Simpatía, sí; urgencia, no tanto.

Coincidencias y choques

Todos los actores –familiares, ONG y diplomáticos– admiten que hay un problema: presos con años tras las rejas, mujeres mayores enfermas pernoctando en las afueras de cárceles como El Rodeo I, esperando excarcelaciones que no llegan. Coinciden en la gravedad, divergen en las prioridades.

Mientras el gobierno intenta minimizar el costo político y Washington dosifica su implicación, los familiares convierten la acera de la embajada en un tribunal moral paralelo. Allí, la sentencia ya está dictada: sin presión externa, en Venezuela la justicia no despierta.

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