Ordenan tres días de arresto para el congresista Miguel Polo Polo

Un juzgado de Bogotá ordenó un arresto de tres días contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo por desacato. La decisión se tomó debido a su incumplimiento de una orden de la Corte Constitucional que le exigía ofrecer disculpas públicas al colectivo Madres de los Falsos Positivos (Mafapo).
Ordenan tres días de arresto para el congresista Miguel Polo Polo

Ordenan tres días de arresto para el congresista Miguel Polo Polo Un congresista incendiario frente a unas madres que exigen memoria y un juez que decide mandar un mensaje: el caso Miguel Polo Polo se convirtió en termómetro de hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde empieza la obligación de reparar a las víctimas.

La justicia: desacato y escarmiento

Desde la orilla institucional, el relato es tajante: Polo Polo no cumplió. El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá ordenó tres días de arresto y una multa de ocho salarios mínimos al representante por declararlo en desacato, tras incumplir la orden de la Corte Constitucional de presentar disculpas públicas al colectivo Madres de los Falsos Positivos (Mafapo).

El antecedente es claro: el congresista levantó y arrojó a bolsas de basura una obra artística instalada por Mafapo en la Plaza Rafael Núñez, un acto que la Corte consideró vulnerador de los derechos de las víctimas y que ameritaba reparación simbólica mediante disculpas públicas. Ahora el juzgado exige que esas disculpas se publiquen en sus redes por al menos seis meses, sin ambigüedades ni expresiones revictimizantes.

Otro medio subraya el carácter ejemplar de la decisión: se trata de un arresto de tres días por desacato a una tutela de la Corte Constitucional, un choque frontal entre un congresista mediático y el poder judicial.

Las víctimas y el poder político: memoria vs. desafío

Para Mafapo, el fallo es una victoria en la batalla por la dignidad. La justicia les da la razón frente a un funcionario que convirtió su obra memorial en basura.

Del lado de Polo Polo, el silencio frente al cumplimiento contrasta con su historial de confrontación con movimientos de víctimas. La medida judicial lo encierra —literal y políticamente— recordándole que el fuero de opinión no es blindaje contra las órdenes de la Corte.

En el choque entre memoria y provocación, la balanza, por ahora, se inclina a favor de la justicia transicional y del mensaje más duro posible a los funcionarios que crean que a las víctimas se las puede seguir tirando a la caneca.

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