Corte Suprema ordena la captura de la senadora Martha Peralta por el caso UNGRD La captura de la senadora Martha Peralta en plena indagatoria por el caso UNGRD se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre quienes ven a la Corte Suprema como dique anticorrupción y quienes la acusan de operar en clave electoral.

Lo que dice el expediente

Desde la orilla crítica al Gobierno se subraya el peso del proceso judicial: Peralta fue detenida por orden de la Sala de Instrucción mientras rendía indagatoria por su presunta vinculación con el desfalco a la UNGRD, tras haber pedido dos aplazamientos de la diligencia. La Corte la tiene formalmente bajo investigación por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, centrados en el supuesto direccionamiento de contratos y proyectos públicos ligados a la entidad.

Los investigadores miran con lupa un contrato de $2.170 millones en maquinaria amarilla y volquetas para Riohacha y el rol de Peralta como posible “articuladora política” en un esquema de cupos indicativos para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas del Gobierno.

La versión del Gobierno y el propio Pacto Histórico

Los medios más cercanos a la línea gubernamental remarcan que la captura se produce dentro de una actuación en curso: Peralta fue detenida en la Sala de Instrucción, inmediatamente después de presentarse a la indagatoria, y la medida sirve para garantizar su comparecencia hasta que se defina su situación jurídica al cierre de la diligencia. Se precisa que permanecerá detenida, incluso en su residencia, solo mientras se reanuda y termina la indagatoria.

Al mismo tiempo, se amplifica la defensa política de la senadora. Peralta insiste en que ha acudido a todas las citaciones y que “siempre ha actuado con transparencia”, llegando a la Corte para “aclarar cualquier duda”. Desde antes de la conducción y posterior captura, venía denunciando que todo obedece a una “persecución política” en medio de campaña y por pertenecer a un proyecto del Pacto Histórico.

Entre la narrativa de un caso emblemático de compra de apoyos políticos y la de una líder wayúu víctima de lawfare, la Corte tiene ahora la última palabra.

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