EE. UU. acusa al régimen de Ortega de usar reformas financieras para reprimir El pulso entre Washington y el régimen de Daniel Ortega vuelve a pasar por los bancos, no por las urnas. Las reformas financieras en Nicaragua ya no son un tecnicismo legal: son el nuevo campo de batalla político.

Washington: leyes con rostro de seguridad, alma de represión

Desde la oposición y medios críticos se resume sin rodeos: “EE.UU. acusa a Ortega de usar leyes para perseguir opositores”. La denuncia sostiene que los cambios a la Ley 977 y a la Unidad de Análisis Financiero no están pensados para atrapar lavadores de dinero, sino para “ampliar los mecanismos de control estatal” sobre organizaciones y críticos.

Otro medio opositor dice que Washington ve en este paquete una forma de “institucionalizan la represión” en Nicaragua, al permitir que el régimen acceda a información financiera detallada, con capacidad para congelar activos y presionar a empresas, ONG y medios.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental va más allá: estas reformas “no están diseñadas para proteger a los ciudadanos de actividades criminales, sino para incrementar la capacidad del régimen de controlar organizaciones, congelar activos y perseguir a quienes considere una amenaza”. En resumen: “EE. UU. denuncia que Ortega usa leyes para congelar activos y perseguir opositores”.

Relato oficial y matices: seguridad vs. asfixia

Desde el ámbito más cercano al gobierno se admite la crítica de Washington, pero se subraya el marco antilavado: se trata de reformas a la legislación contra el lavado que obligan a los bancos a reportar en detalle “todas las compras, retiros y transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito”.

Ahí está la grieta central: para EE. UU. y la oposición, es un sistema diseñado para “controlar finanzas y asfixiar a la sociedad civil”; para el orteguismo, un refuerzo técnico contra delitos financieros.

La coincidencia incómoda: todos reconocen que el Estado verá más y sabrá más sobre cada movimiento de dinero. La verdadera disputa es quién pagará el costo político de ese nuevo ojo financiero.

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