Senadora Martha Peralta queda en libertad tras indagatoria por caso UNGRD La libertad de la senadora Martha Peralta no cerró el caso UNGRD: apenas cambió el escenario. La Corte Suprema la dejó salir de su detención domiciliaria, pero la cuerda judicial y política sigue muy tensa.

Por un lado, el cubrimiento más crítico enfatiza el peso del escándalo. Se subraya que Peralta quedó en libertad solo “luego de comparecer ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación […] por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)”. Desde esta orilla se insiste en que la senadora venía de una orden de captura y que la Sala de Instrucción aún debe “analizar el material probatorio y definir la situación jurídica de la congresista”. Es decir, no hay absolución, apenas un compás de espera.

En contraste, los medios más alineados con el Gobierno ponen el foco en las garantías procesales y el cumplimiento de la formalidad judicial. Destacan que Peralta “suscribió este lunes un acta de compromiso ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, donde promete no salir del país, no cambiar de domicilio sin aviso y no interferir con testigos. Se remarca que la senadora “quedó en libertad mientras avanza la investigación en su contra por el saqueo a la UNGRD” y que ella misma califica el proceso como una “persecución política”.

Ambos relatos coinciden en los hechos básicos —hubo captura, indagatoria y ahora libertad condicionada— pero discrepan en el encuadre: para la oposición mediática, la sombra de los contratos de maquinaria amarilla por más de 2.000 millones y las delaciones de Olmedo López dominan la escena; para los afines al Gobierno, el mensaje es que Peralta enfrenta el proceso en libertad, amparada por un compromiso formal y un discurso de victimización política.

En el fondo, el expediente UNGRD sigue siendo el mayor termómetro de la promesa anticorrupción del gobierno Petro: cada decisión sobre Peralta mide no solo su responsabilidad penal, sino la credibilidad del proyecto de cambio.

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