El hilo de la investigación de la Fiscalía chilena que dio pie, el pasado 2 de junio, al mayor golpe económico al Tren de Aragua en Latinoamérica, arrancó el martes de julio de 2024, durante un feriado, el Día de la Virgen del Carmen. Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron acribilladas durante una fiesta clandestina que arrancó la noche anterior, realizada en un parcela en Lampa, a unos 40 kilómetros al norte de Santiago, en uno de los dos homicidios múltiples que ocurrieron esa semana y que golpearon al Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Cuando la policía llegó al lugar, en una zona campestre, supuestamente con casas de agrado, halló el teléfono móvil de Bárbara Hernández, alias Barbie, que contenía información clave: fue la que permitió, dos años después, la detención de 19 personas, entre ellas dos ejecutivos bancarios venezolanos, que ayudaron a sacar de Chile entre 2022 y 2025, a través del lavado de activos, más de 85 millones de dólares conseguidos con secuestros, venta de drogas, explotación sexual de mujeres y contrabando de automóviles robados. Aquella sangrienta fiesta fue la punta del iceberg, pues reveló el mecanismo con el que el Tren de Aragua extorsionaba a empresarios nocturnos, quienes debían pagar a la banda para poder organizar eventos, de lo contrario, serían atacados.