Gobierno fija la tarifa mínima del pasaje urbano en 140 bolívares

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció que la tarifa mínima para el transporte urbano en Venezuela se fijará en 140 bolívares a partir del 1 de junio. La medida revierte un acuerdo previo de indexación mensual.
Gobierno fija la tarifa mínima del pasaje urbano en 140 bolívares

Gobierno fija la tarifa mínima del pasaje urbano en 140 bolívares El gobierno venezolano sube el pasaje urbano a 140 bolívares y, al mismo tiempo, congela la tarifa por dos meses. Para Miraflores es “equilibrio” y apoyo al transportista; para críticos y usuarios, es un golpe directo al salario mínimo.

Lo que dice el gobierno: orden y “apoyo” al sector

Desde el lado oficial, la medida se presenta como una regulación beneficiosa. La ministra Jacqueline Faría habló de un “exhorto” que se hará oficial en Gaceta para fijar la tarifa máxima del transporte urbano en 140 bolívares a nivel nacional. El decreto, previsto para entrar en vigencia el 1 de junio, busca “regular” el pasaje en rutas locales y municipales.

En la narrativa gubernamental, el nuevo monto nace de mesas de trabajo con los transportistas para “equilibrar” costos operativos y capacidad de pago del usuario, y se acompaña de ferias de transporte, venta de repuestos y tiendas del transportista como soporte permanente al gremio.

Lo que dice la oposición: ruptura de acuerdos y golpe al bolsillo

La mirada crítica subraya exactamente lo contrario. Medios de línea opositora destacan que el Ejecutivo rompe el acuerdo de indexación mensual del pasaje, que debía ajustarse a 0,25 dólares cada mes según lo pactado con el gremio.

Además, recuerdan que el pasaje fijo en 140 bolívares durante junio y julio implica 280 bolívares diarios para un trabajador que solo usa una unidad, es decir, 5.600 bolívares al mes, mientras el salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde 2022. Para el usuario, el “equilibrio” oficial se siente más como una ecuación imposible.

Coincidencias y choque de fondo

Ambos bandos reconocen algo: el sistema de transporte está asfixiado y necesita reglas claras. Pero mientras el gobierno vende la medida como control de tarifas y apoyo material al sector, la oposición la retrata como una decisión unilateral que sacrifica al ciudadano de a pie en un país donde el salario mínimo es prácticamente simbólico.

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