Inicia la consulta nacional para la reforma del sistema de justicia penal El gobierno venezolano lanzó una Gran Consulta Nacional para reformar la justicia penal prometiendo escuchar a todo el país. La oposición responde que el problema no es faltar consultas, sino voluntad real para soltar el poder sobre jueces, fiscales y cárceles.

Dos relatos sobre la misma “Gran Consulta”

Desde el oficialismo, la puesta en escena es de épica institucional. La presidenta encargada Delcy Rodríguez presenta el proceso como “un gran paso para la consolidación de la paz en Venezuela”, con un sistema penal “del siglo XXI, adaptado a los estándares internacionales y protocolos más altos en materia de derechos humanos”. El Partido Patria Para Todos respalda “absoluto” a la iniciativa y la vende como respuesta al retardo procesal, la corrupción y la “criminalización de la pobreza”.

El fiscal general Larry Devoe insiste en que esta Gran Consulta “no es ni extraño ni inédito” en Venezuela, sino parte de una tradición de debates públicos consustancial al modelo de “democracia participativa y protagónica”. Analistas afines como Víctor Vegas subrayan que el cambio lo impulsa el Ejecutivo junto al Poder Legislativo y el llamado “Poder Popular”, como expresión de la voluntad del pueblo a través de sus representantes. La Asamblea Nacional chavista, por su parte, aprobó por “clara mayoría” un acuerdo de respaldo al proceso.

La mirada crítica: ¿consulta o simulacro?

Los medios críticos encuadran la jugada en términos menos amables: “Reforma del sistema penal: entre la resolución de la impunidad y la imposición de la justicia comunal”, titula Runrunes, mientras Efecto Cocuyo observa cómo se abre el proceso para discutir nueve grandes temas —retardo procesal, acceso a la justicia, ética e independencia judicial, debido proceso, talento humano, infraestructura y tecnología— bajo coordinación de Devoe.

En la propia Asamblea, la oposición advierte que la reforma solo tendrá sentido si ataca el “retardo procesal, el desorden institucional y el abuso de poder”, y si deja de ser una consulta concentrada en “la élite gubernamental” para incluir a las víctimas y sectores más vulnerables. Otra nota resume el reclamo: la oposición “exige que reforma de la justicia penal acabe con retardo procesal y abuso de poder”.

Consensos mínimos, desconfianzas máximas

Curiosamente, ambos bandos reconocen el mismo diagnóstico: un sistema colapsado por la demora en los juicios y la corrupción. La brecha está en la credibilidad del remedio. Para el chavismo, la Gran Consulta es “un paso histórico” hacia una Venezuela en paz. Para la oposición y organizaciones de derechos humanos, sin independencia judicial las consultas corren el riesgo de convertirse en otra vitrina participativa que maquille la impunidad.