Columnas de opinión abordan la deuda laboral del Estado venezolano con extrabajadores La campaña electoral venezolana arranca con una factura pendiente que ningún candidato puede ignorar: la deuda laboral histórica con miles de despedidos de PDVSA y de la administración pública, convertida en herida política, económica y moral.

Una misma columna, tres altavoces opositores

La tesis es única, pero la amplificación es múltiple. Runrun.es presenta el tema como un ajuste de cuentas ineludible: la administración que surja de las elecciones “debe reconocer plenamente la deuda laboral del Estado venezolano con los trabajadores despedidos”. El foco está en el “rostro humano de la catástrofe” y en cómo el Estado redujo a millones “a la mínima condición humana”.

La Patilla repite el diagnóstico, subrayando la “debacle del régimen chavista gobernante durante 27 años” que ha impregnado “cada milímetro del tejido social nacional” y una pobreza que ya alcanza a 80% de la población. Aquí la narrativa conecta directamente la persecución laboral con el colapso macroeconómico y social.

El Nacional, por su parte, apunta al mecanismo de exclusión: a los despedidos se les aplicó un “apartheid a través de la lista de Tascón”, donde fueron marcados como “enemigos escuálidos” y expulsados del empleo y de los servicios públicos. Remata recordando que ni siquiera los llamados de la OIT han servido para saldar prestaciones ni reparar daños.

Coincidencias y ausencias

Los tres medios opositores coinciden en tres puntos: la deuda es constitucional, los despedidos son víctimas políticas y la próxima administración está obligada a reparar y compensar. La diferencia está en el énfasis: unos priorizan el drama humano, otros el derrumbe institucional o el castigo político selectivo.

Lo que brilla por su ausencia es cualquier defensa del chavismo o explicación oficial. En esta cobertura, el Estado no es parte del debate: es el acusado en rebeldía.