Diosdado Cabello anuncia la destitución de 22.000 policías Diosdado Cabello presume mano dura contra la corrupción policial con una cifra demoledora: 22.000 funcionarios destituidos en año y medio. El número abre dos lecturas opuestas: ¿depuración histórica o síntoma de un sistema podrido hasta la médula?

La versión oficial: épica de “limpieza” revolucionaria

Los medios alineados con el Gobierno presentan la medida como prueba de severidad ética. Cabello subraya que quien caiga en “cosas malas” no merece llevar el uniforme, porque “tarnishes it” y debe sentir “amor por esa profesión” y orgullo de ser pilar de la revolución. Otra nota remarca que los 22.000 fueron dados de baja tras comprobarse “conductas irregulares y malas acciones contrarias a los reglamentos” y que el Estado mantiene una “vigilancia permanente” para erradicar extorsiones y cobros ilegales.

En esta narrativa, la purga es parte de un nuevo modelo policial, apuntalado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), que hoy cuenta con 32.000 estudiantes y una oferta ampliada de formación, desde atención prehospitalaria hasta seguridad penitenciaria, con el objetivo de generar “un vínculo de confianza mutua con las comunidades”.

La lectura crítica: reconocer el “matraqueo”… y poco más

Desde la acera opositora, el foco está en el reconocimiento público del problema: Cabello respalda el llamado de Delcy Rodríguez para acabar con el “matraqueo” en alcabalas y admite que los policías que piden dinero “le están haciendo daño a la institución” y “no pueden estar en la institución”. El énfasis en las alcabalas y la extorsión cotidiana refuerza la percepción de un matraqueo generalizado, más que de manzanas podridas.

Mientras el oficialismo vende estadísticas de depuración y expansión académica, la oposición las lee como prueba de un sistema que toleró por años la corrupción policial. Ambos bandos coinciden en algo incómodo: 22.000 destituciones no hablan de unos pocos desviados, sino de una crisis estructural del uniforme.