Protestan en Tocuyito para exigir la lista de presos políticos trasladados de El Helicoide
Protestan en Tocuyito para exigir la lista de presos políticos trasladados de El Helicoide En la entrada del penal de Tocuyito se cruzan dos narrativas: la oficial, que calla, y la de los familiares y activistas, que gritan por una simple lista de nombres. El silencio del Estado convierte un traslado carcelario en un misterio político.
Lo que dice la oposición: transparencia cero
Desde el flanco opositor y de derechos humanos, la lectura es tajante: hay una política deliberada de opacidad. Activistas y dirigentes recuerdan que la protesta frente al penal Hombre Nuevo El Libertador se hizo precisamente para exigir el listado de presos políticos que salieron de El Helicoide la noche del 3 de mayo.
Angélica Flores, relatora estatal de DDHH de Vente Carabobo, denuncia que a los familiares “se les ha negado la información” y que “no saben dónde están sus hijos, sus hermanos”, por lo que reclaman conocer quiénes fueron trasladados y adónde. Según los manifestantes, solo se sabe que algunos detenidos están en la zona llamada “Hombre Nuevo” y otros en el “Penal Viejo”, pero “no sabemos más, ni quiénes son ni cuántos son”.
El ex preso político Alexander Fernández va más allá y pide a la sociedad civil y a la comunidad internacional “no normalizar la persecución” y mantener la presión por el derecho a la información y a la libertad. A su juicio, se trata de personas que “nunca debieron estar presas” y exige su liberación inmediata, “no de uno, ni de dos”, sino de todos los presos políticos en Venezuela.
Lo que no dice el gobierno: el contraste del vacío
En contraste con esta catarata de denuncias, la posición oficial es un hueco: no hay partes públicos detallando el operativo, ni listas, ni explicaciones sobre criterios de traslado. La única información que circula es la que reconstruyen activistas y familiares desde la reja del penal.
Ese choque entre un Estado que administra la información como si fuera un secreto de Estado y una oposición que la reclama como un derecho básico convierte a Tocuyito en algo más que una cárcel: en un termómetro del conflicto político venezolano.
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