Protestan frente al Ministerio de la Mujer por la situación de las presas políticas Las puertas del Ministerio de la Mujer en Caracas se han convertido en un espejo incómodo: de un lado, familiares denunciando torturas y violencia sexual contra presas políticas; del otro, una ministra que asegura “no saber” de qué casos le hablan. El choque no es solo político, es moral.

Familias y ONG: del grito en la calle al expediente detallado

La movilización fue convocada por el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) y la Alianza de Mujeres Políticas, que llegaron a exigir que se frenen las “torturas y violencia sexual contra presas políticas”. El documento entregado al despacho de Yelitze Santaella describe un catálogo de abusos: violencia sexual, “desnudez forzada”, pobreza menstrual y condiciones indignas de reclusión.

Según las denuncias, hay mujeres en cárceles “que se suponen solo de hombres” y casos de agresiones sexuales que aún no han sido investigados de forma “exhaustiva, independiente y con enfoque de género”. Algunas reclusas politizadas tienen, literalmente, “un solo envase de agua” para asearse y lavar su ropa. No es un grito aislado: el Observatorio Venezolano de Prisiones respalda el cuadro de precariedad en su informe anual.

La protesta se inscribe en una oleada más amplia contra las muertes bajo custodia y los centros de tortura: familiares han marchado con la consigna “Cierren los centros de tortura”, recorriendo en silencio ministerios y tribunales. Voces opositoras como Edmundo González recuerdan casos recientes de muerte en custodia y piden la liberación inmediata de detenidas como Samantha Hernández.

Respuesta oficial: logros exhibidos, denuncias minimizadas

Del lado institucional, la narrativa es otra. Santaella, según las activistas, no solo dijo que en el ministerio “no sabían de los casos” expuestos, sino que cuestionó que se pretenda “poner a todo el mundo como presas políticas y no es así”, defendiendo gestiones como la creación de un centro de atención ginecológica en la cárcel de Las Crisálidas.

Mientras las familias hablaban de torturas y humillaciones, la ministra y su equipo insistían en “avances” en el sistema penitenciario, en vez de comprometerse con investigaciones sobre violencia sexual y tratos denigrantes. Para las manifestantes, esa brecha entre discurso y realidad no es un matiz técnico: es el cinismo de un Estado que convierte a las mujeres encarceladas en las verdaderas invisibles del sistema.