Denuncian que jueza busca prolongar medidas contra María Lourdes Afiuni Una exjueza que ya cumplió condena, un grillete que sigue en el tobillo y una nueva prueba psicológica que suena más a castigo que a trámite: el caso de María Lourdes Afiuni vuelve a exponer el choque entre el discurso oficial de “reforma judicial” y las denuncias de persecución política.

Familia y defensores: “limbo jurídico” y muerte civil

Para la familia Afiuni, lo que ocurre hoy no es un simple retraso burocrático, sino la prolongación calculada de un castigo político. Denuncian que la jueza de ejecución intenta alargar las medidas cautelares ordenando un nuevo examen psicológico, después de que ya se habrían “extraviado” dos evaluaciones previas. Según el hermano de la exjueza, la citación busca forzar “un año más” de restricciones pese a que la pena se considera cumplida.

El resultado, advierten, es una “muerte civil”: Afiuni sigue con casa por cárcel, grillete y un régimen que le impide votar, sacar pasaporte, vender bienes o hablar libremente con la prensa. Tras 16 años de proceso, ONG como Provea exigen la restitución plena de sus derechos y denuncian un “limbo jurídico” incompatible con cualquier promesa creíble de paz y reconciliación.

Discurso oficial vs. realidad del expediente

Mientras el gobierno vende hacia afuera la idea de una “reforma judicial”, el caso Afiuni se ha convertido en símbolo de lo contrario. Críticos recuerdan que su detención, en 2009, ocurrió después de que otorgó libertad condicional a un preso cuya detención había sido cuestionada por un grupo de la ONU, y que el expediente es citado como ejemplo de falta de independencia judicial en Venezuela.

Frente a la maquinaria judicial, Afiuni se define a sí misma en clave de resistencia íntima: “soy una mujer de fe, de mucha fe, de esperanza y caridad”. La fe de la exjueza contrasta con una justicia que, 16 años después, sigue sin atreverse a soltar el grillete.